La transparencia o la Reforma del lenguaje: Juan Gómez-Pérez

El principio de la cultura es la conversación, mejor dicho el diálogo. No es fortuito que en el origen de la civilización occidental encontremos la mayéutica como el método de la filosofía: Sócrates y sus discípulos polemizando acerca de la mejor forma de gobierno bajo la fresca sombra de un tilo.
La democracia en nuestros días como una herencia de la cultura helénica, tiene como presupuesto fundamental la participación ciudadana. Dicha participación se sustenta en la deliberación permanente de los asuntos públicos. Una asamblea, un plebiscito, una elección, son algunas de las formas para encontrar soluciones a los desafíos de la polis, renovar a sus gobernantes, llamar al acuerdo.
En las últimas dos décadas del siglo XX, todas las sociedades que comenzaron a transitar hacia regímenes democráticos partieron de una verdad fundamental: no hay democracia sin participación social. El mayor reto fue y sigue siendo, construir sociedades fuertes, entiéndase por esto: hombres y mujeres que conocen sus derechos y saben cómo defenderlos, que forman parte de la solución y no del problema al ser los creadores de sus propias políticas públicas.
En este escenario, la transparencia y el derecho de acceso a la información son dos mecanismos eficaces para mejorar y facilitar el diálogo público. La información al alcance de todos involucra a los ciudadanos en el gobierno de su entorno.
La entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Oaxaca el 21 de julio de 2008, es uno de los cambios más radicales en la vida pública. La afirmación se sostiene puesto que los gobiernos para serlo a cabalidad, desde ahora necesitan organizar sus archivos, documentar sus acciones, justificar sus decisiones y construir mecanismos que faciliten la consulta de la información.
A esto hay que agregar que la Ley de Transparencia no sólo obliga a las autoridades a poner a disposición del público la información, también -es necesario subrayarlo-, les exige poner a disposición esa información en una lenguaje ciudadano, es decir, asequible a la mayoría. El artículo nueve en su último párrafo establece: “la información deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas”.
El lenguaje oscuro, los oropeles de la retórica, la jerga técnica, han sido la mejor estrategia de los gobiernos autoritarios para ocultar sus acciones, destruir este atavismo es una de las aportaciones más fecundas de la transparencia.
La reforma del lenguaje es la premisa en la que se sustenta el éxito del diálogo gobernantes-gobernados, una oportunidad para superar la fatalidad babélica, el monólogo totalitario y construir los consensos necesarios para la convivencia.
La Transparencia es la más acertada política pública para que el ciudadano vuelva a ocupar el centro del ágora, la plaza pública.